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De acuerdo con la investigación, los criminales contaban con una lista de los dueños de tortillerías de los municipios de Tenancingo y Malinalco.
El cártel de la Familia Michoacana ha buscado enriquecerse a través del cobro de “derecho de piso” y ahora lo hace a través de la canasta básica.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló que, a través de diversos actores, habrían obligado a tortilleros a comprar su producto a cambio de dejarlos trabajar y no hacerles daño, una modalidad similar a la que emplearon con los comerciantes de pollo y huevo en meses anteriores.
Esta manera de operar fue revelada una vez que anunciaron la detención del ex presidente municipal de Almoloya de Alquisiras, Ari Patrick ‘N’, quien fue capturado esta misma semana por autoridades en el marco del ‘Operativo Enjambre’, realizado en Toluca.
Junto con él, fueron asegurados su hermano Baltazar ‘N’ y Guillermina ‘N’, una comerciante del municipio, y la investigación apunta que habrían extorsionado a tortilleros en nombre del cartel de los hermanos Hurtado Olascosga.
La indagatoria señala que contaban con una lista de los dueños de tortillerías de los municipios de Tenancingo y Malinalco, ambos ubicados al sur de la entidad mexiquense y que los obligaban a dos cosas: comprar el maíz que ellos vendían para la elaboración del alimento y a dar una cuota como parte del “derecho de piso” exclusivamente por trabajar.
Las ganancias aparentemente serían enviadas al cártel michoacano.
Uno de los comerciantes se negó a comprarles el maíz que almacenaban y, en represalia, los tres sospechosos evitaron que pusiera en funcionamiento su tortillería, de acuerdo con la indagatoria. Ésta misma víctima los denunció y fue que comenzó una investigación en su contra.
Aseguran una bodega con 100 toneladas de maíz, documentos y automóviles de lujo
La actividad criminal de Ari Patrick ‘N’ lo llevó a acumular casas, documentos que acreditan la supuesta extorsión a tortilleros y vehículos de lujo.
Estos indicios fueron recopilados en un domicilio de Toluca, en donde fue detenido junto con su hermano, Baltazar ‘N’, en donde localizaron “documentos que acreditan la actividad comercial de venta de maíz y relación con negocios destinados a tortillerías en los municipios de Tenancingo y Malinalco, entre otros”.
”Lo cual corresponde las indagatorias en su contra por presuntos actos de acaparamiento y extorsivos”.
Lo que llamó la atención es que junto a su domicilio había una bodega abastecida con bultos de maíz, que sumarían cerca de 100 toneladas, producto que aparentemente era vendido a la fuerza a los tortilleros de Malinalco y Tenancingo.
También localizaron un camión que sería utilizado para trasladar la materia prima y que estaría relacionado con diversos actos de extorsión.
Además del producto, identificaron varios vehículos, entre ellos una camioneta BMW X6, una Chevrolet Cheyenne y un automóvil Honda, tipo CR-V, entre otras unidades que aparentemente fueron utilizadas para su desplazamiento en esta actividad criminal.
En este entramado logístico, Guillermina ‘N’, quien también sería comerciante de Almoloya de Alquisiras, era la encargada de recaudar el dinero y eventualmente entregarlo a los criminales.
Familia Michoacana busca hacerse de canasta básica; ya habían acaparado huevo y pollo
La fiscalía mexiquense había identificado que otros productos de la canasta básica también tenían anomalías. En enero de 2024 refirieron que con apoyo de un análisis financiero, de mercado y contexto criminal, habrían causado un incremento en el precio del huevo y el pollo.
Se informó que, a través de diversas personas, cobran 2 pesos por kilo de producto a los comerciantes mayoristas y 5 a los minoristas. El caso de los cinco trabajadores de un “rastro de pollos” ubicado en Toluca fue denunciado y desnudó el alcance de este grupo criminal.
Como parte de esa operación la fiscalía aseguró 24 inmuebles en los municipios de Lerma, Otzolotepec, San José del Rincón, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca y Zinacantepec, en donde se almacenaba y distribuía el producto.
En términos generales, por esa operación lograron congelar hasta 800 millones de pesos al cártel de la Familia Michoacana, de los cuales 360 millones tras el aseguramiento de 24 inmuebles y 440 millones por la extorsión de dominio de los lugares.